Programa Oportunidades Para la Vida (OPV)


Es una iniciativa de reinserción social de personas privadas de libertad, única en Chile, creada por la Municipalidad de Quillota el año 2012 y ejecutada en el Centro de Detención Preventiva de Quillota, dependiente de Gendarmería de Chile. Actualmente depende de la Fundación Banamor, con un equipo profesional multidisciplinario.

Oportunidades para la Vida apoya la vuelta al medio libre de reclusos con buena conducta, que tengan residencia en Quillota, que estén en condiciones de optar a beneficios de salida dentro de un año y que cuenten con un familiar dispuesto a participar.

Como hito inicial, cada año, unos 20 beneficiarios firman un contrato social con el alcalde, que establece ciertas condiciones y compromisos mutuos. Con ello comienza un trabajo de un año con el beneficiario, que incluye capacitación, talleres y consejería, para preparar psicosocial y laboralmente a la persona y su familia, antes de su salida al medio libre.

Luego, la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, le consigue un trabajo en el área para la que fue capacitado, con cupo asegurado durante los tres primeros meses, iniciándose un acompañamiento por parte de los profesionales del programa, que se extiende durante todo el primer año en libertad.

Cabe destacar que Oportunidades para la Vida tiene un porcentaje de reinserción social exitoso del 92%, muy superior a cualquier otra iniciativa pública o privada que se desarrolle en el país. Y según el equipo a cargo, la clave está en el acompañamiento amoroso y la reconstrucción de la dignidad de las personas, que alguna vez le fallaron a la sociedad, pero ahora están dispuestas a reivindicarse.

Este año 2019, Oportunidades para la Vida fue reconocido a nivel latinoamericano -entre 31 iniciativas-   con un premio especial en el concurso «Construir Igualdad» del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El premio reconoce políticas públicas diseñadas e implementadas por gobiernos locales de América Latina y el Caribe, que se destaquen por promover y generar transformaciones sociales en favor de la inclusión y la no discriminación.

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